Fundamentos económicos en la gestión del agua en España. Introducción

El agua es un recurso escaso y limitado que debe verse como uno de los ejes de las sociedades y de todos los aspectos que en ella intervienen.

Este recurso, que según el texto Refundido de la Ley de Aguas no debe ser tratado como una materia prima, debe tener un coste cero. Pero su uso requiere de una estructura técnica y humana para su explotación (captación, transporte, distribución, etc.) que supone unos elevados presupuestos.

La Ley de Aguas defiende que el precio del agua coincida con su coste. Y en España, se recurre para ello a un sistema tarifario, el cual muchas veces se encuentra subvencionado. Es decir, el usuario al usar el agua no está pagando por el total de los costes.

La Directiva Marco del Agua da un paso más y remarca la recuperación total de costes, incluso los medio ambientales, y unas tarifas más altas para que sí se recuperen con ellas todos los costes ocasionados pero que proporcione, a su vez, incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos.

Esta gestión del agua plantea, en España, dos cuestiones de suma importancia: Qué modelo seguir para realizarla y cómo financiar esta gestión.

En cuanto al modelo de gestión nos encontramos con dos, según quién sea el titular del derecho sobre el agua: Modelo concesional, donde es el Estado, y mercado del agua, donde se traspasa a los usuarios la propiedad del agua.

En este segundo modelo, los titulares de los derechos sobre el agua están autorizados, siguiendo el RD 1/2001 del 20 de julio, a ceder el derecho al aprovechamiento del agua a otros usuarios a cambio de una compensación económica. Aunque en este caso el titular sea el usuario, la Administración tendrá siempre una pequeña participación en el proceso.

Y aunque el agua tiene un gran papel como factor económico productivo, en los sectores de la agricultura, industria y servicios la productividad del agua oscila entorno a los 0.82, 10 y 30 €/m3 de media respectivamente, el poder utilizar esta agua requiere de unas inversiones muy importantes, y que hay que financiar.

Hasta ahora, en España, la financiación para la construcción y explotación de las obras hidráulicas se ha realizado principalmente a cargo de los presupuestos de la Administración pública, al entender estas obras de carácter público. También se han empleado, en menor medida, los fondos de cohesión de la Unión Europea, para aquellas inversiones con objetivos medio ambientales, y la financiación por parte del sector privado.

Pero debido a la dificultad de obtener fondos como consecuencia de las limitaciones presupuestarias y de la escasa rentabilidad financiera de los proyectos, se ha optado como solución recurrir a las fórmulas de financiación mixta.

Para ello, y con la Ley 13/96, se crearon las Sociedades Estatales de Agua para la construcción, explotación o ejecución de las obras públicas hidráulicas. Consisten en sociedades de capital público a las que aportan financiación el sector privado, no generando así sus inversiones déficit público.

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